Ni bien se modificó la ley de pasantías en Diciembre del año 2008, el Decano Atilio A. Alterini emitió un dictamen por el cual “interpretaba” que dicha norma obligaba a rescindir los contratos de pasantías que hubiesen superado un año y medio de duración, lo que lo habilitó a dejar sin trabajo a muchísimos pasantes que trabajaban dentro de la facu.
Ante esta situación, el centro de estudiantes (a través de sus consejeros directivos) conducido por la Nuevo Derecho, acordó con el Decano la creación del sistema de “becarios”. Esto, lejos de solucionar la situación de precarización de empleo, la empeora. Un becario se encuentra en peores condiciones que un pasante, dado que ni siquiera cuenta con un régimen legal a nivel nacional –ni a nivel local- que lo ampare. La única regulación existente es la que emana de la Resolución de la Facultad que las crea, dictada en abril de este año.
El becario tiene derecho a una suma de dinero fija que se cobra de manera mensual, llamada “beca” y que, no es remunerativa, es decir, como no es considerada “salario”, de ella no se deducen aportes para la seguridad social, ni obra social, ni ART, ni ningún otro beneficio laboral. Esa beca es recibida como contraprestación por las tareas efectuadas por el becario, las cuales se desarrollan mayormente dentro de las oficinas de la Facultad. La suma de dinero, conforme lo estipula la Resolución, es fijada por el Decano, a su gusto y piacere...
Según la Resolución, el becario debe entregar, anualmente, una monografía en relación al trabajo desempeñado. No se entiende muy bien la finalidad de este trabajo monográfico, máxime cuando la mayoría de los becarios realiza trabajos que NADA tienen que ver con el ejercicio de la profesión (y si no, pregúntenle a los chicos que trabajan en la biblioteca domiciliaria, que se quieren recibir de abogados, no de bibliotecarios).
Los becarios son incluso más precarizados que los pasantes. No se entiende como la Facultad de Derecho, que debiera ser la encargada de formar profesionales que luchen por los derechos y garantías del pueblo, sea la primera en avalar un sistema que menoscabe la formación profesional de sus estudiantes y damnifique su dignidad laboral.
Nosotros nos oponemos a este tipo de régimen de precarización de empleo y fraude laboral y exigimos que, en su reemplazo, se aplique el contrato de aprendizaje, instituto del derecho del trabajo que garantiza empleo digno y no clandestino que, a su vez, garantice la formación profesional del estudiante. Asimismo, es imprescindible que la Facultad resuelva la necesidad de empleados para mantener el funcionamiento de sus distintas oficinas y departamentos, a través de la contratación por la modalidad que corresponde como ente autárquico de la Administración Nacional, es decir, por empleo público.
Ante esta situación, el centro de estudiantes (a través de sus consejeros directivos) conducido por la Nuevo Derecho, acordó con el Decano la creación del sistema de “becarios”. Esto, lejos de solucionar la situación de precarización de empleo, la empeora. Un becario se encuentra en peores condiciones que un pasante, dado que ni siquiera cuenta con un régimen legal a nivel nacional –ni a nivel local- que lo ampare. La única regulación existente es la que emana de la Resolución de la Facultad que las crea, dictada en abril de este año.
El becario tiene derecho a una suma de dinero fija que se cobra de manera mensual, llamada “beca” y que, no es remunerativa, es decir, como no es considerada “salario”, de ella no se deducen aportes para la seguridad social, ni obra social, ni ART, ni ningún otro beneficio laboral. Esa beca es recibida como contraprestación por las tareas efectuadas por el becario, las cuales se desarrollan mayormente dentro de las oficinas de la Facultad. La suma de dinero, conforme lo estipula la Resolución, es fijada por el Decano, a su gusto y piacere...
Según la Resolución, el becario debe entregar, anualmente, una monografía en relación al trabajo desempeñado. No se entiende muy bien la finalidad de este trabajo monográfico, máxime cuando la mayoría de los becarios realiza trabajos que NADA tienen que ver con el ejercicio de la profesión (y si no, pregúntenle a los chicos que trabajan en la biblioteca domiciliaria, que se quieren recibir de abogados, no de bibliotecarios).
Los becarios son incluso más precarizados que los pasantes. No se entiende como la Facultad de Derecho, que debiera ser la encargada de formar profesionales que luchen por los derechos y garantías del pueblo, sea la primera en avalar un sistema que menoscabe la formación profesional de sus estudiantes y damnifique su dignidad laboral.
Nosotros nos oponemos a este tipo de régimen de precarización de empleo y fraude laboral y exigimos que, en su reemplazo, se aplique el contrato de aprendizaje, instituto del derecho del trabajo que garantiza empleo digno y no clandestino que, a su vez, garantice la formación profesional del estudiante. Asimismo, es imprescindible que la Facultad resuelva la necesidad de empleados para mantener el funcionamiento de sus distintas oficinas y departamentos, a través de la contratación por la modalidad que corresponde como ente autárquico de la Administración Nacional, es decir, por empleo público.
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